La “ley Celaá”, una ley desintegradora
En nuestro espacio En voz alta, destinado a un lugar para hacernos escuchar cuando tenemos algo que decir para invitar a la reflexión, hoy compartimos el pensar de Priscilla Gac-Artigas.
Foto de Gerardo Piña-Rosales
Por Priscilla Gac-Artigas *
En toda sociedad, uno de los deberes del Estado ha sido el garantizar la educación de todos incluyendo el aprendizaje de la o las lenguas oficiales presentes en dichos estados. En el caso de España, su constitución establece que “el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, ello sin descartar la oficialidad paralela de las lenguas regionales de las autonomías.
Para reafirmar el derecho de los ciudadanos del Estado español al bilingüismo y biculturalismo con las lenguas oficiales regionales se introduce en el 2013 la ley Wert, norma que clarifica y promulga la paridad del uso del castellano, en tanto lengua oficial del Estado, es decir lengua franca, y las lenguas oficiales de cada región como lenguas vehiculares de la enseñanza con el mismo peso y representatividad, algo que la ley Celaá, aprobada por el Congreso el 19 de noviembre del corriente pretende revertir.
Aunque los que hoy proponen esta enmienda afirman que la misma pretende “garantizar que el alumnado tenga pleno conocimiento en ambas lenguas, no una sobre la otra”, el despojar al español de su calidad de “lengua vehicular” y de su carácter de lengua franca con la supresión de la previsión que lo calificaba de “lengua oficial del Estado” va en detrimento de lo que debe primar en educación: calidad y equidad. Al no ser vehicular se elimina la obligatoriedad del Estado a dar una solución a los padres que manifiesten el deseo de que a sus hijos se les enseñe en español. El peligro es evidente, si el Estado no tiene la obligación de cumplir esa petición, la enseñanza en español queda limitada a quienes tengan los medios de acceder a ella en el sector privado y pasaría a ser elitista.
Ello va igualmente en dirección opuesta a nuestra tarea cotidiana como academias de la lengua de preservar y desarrollar nuestro idioma y de mantener la sólida presencia ganada por el español en el resto del mundo.
Baste recordar que hoy en día el español es el segundo idioma más hablado del mundo: unos 600 millones de hablantes, de los cuales, 485 lo tenemos como lengua materna. Asimismo, es el tercer idioma más estudiado, la tercera lengua más utilizada en la red, la segunda en uso en las redes sociales como Facebook y Twitter.
Al interior de este panorama la ley Celaá resulta, por decir lo menos, absurda, y más en territorio español, cuando incluso en los Estados Unidos, donde no es lengua oficial –aun siendo el segundo país con mayor cantidad de hispanohablantes después de México–, los esfuerzos para mantener y aumentar los programas de inmersión bilingüe son significativos.
Cifras recientes muestran que de 300 programas de inmersión bilingüe existentes en el 2001, se aumentó a 3.000 en el 2015, y aún se considera insuficiente. En adición, en 40 de los 51 estados, para fomentar el estudio de otras lenguas, mayoritariamente el español, se ofrece a los estudiantes de las escuelas secundarias la posibilidad de pasar un examen para obtener en sus diplomas el “Sello de Bilingüismo” muestra de haber alcanzado nivel de competencia en dos o más lenguas.
Sería de Perogrullo detenernos a explicar en detalle, para esgrimir como argumento universal en contra de la ley, las ventajas de los programas de inmersión bilingüe en términos del desarrollo académico, social y profesional de los educandos cuando estos programas son diseñados en el mutuo respeto y valoración de las lenguas y las culturas envueltas puesto que estos beneficios han sido científicamente probados y masivamente aceptados.
Entonces, cabría preguntarse si detrás del texto tal cual ha sido propuesto y aprobado por el Congreso no se esconde otro tipo de agenda con un propósito subyacente de desestabilización de la unidad lingüística –quizás más allá de ello– del territorio español.
La ley Celaá no va en defensa de nada sino en contra de una lengua de unidad, y ello, a mi entender, es peligroso y debe ser preocupante para la comunidad hispanohablante del mundo sobre todo la de Hispanoamérica donde el español como lengua oficial integradora, coexiste en la enseñanza con las lenguas aborígenes en algunos países, y en los Estados Unidos, donde luchamos por una educación que conserve el bilingüismo entre los hispanohablantes y lo desarrolle en los no hispanohablantes.
Aprendamos de la historia. En los versos finales de Alturas de Machu Picchu Neruda nos llama a ser uno con nuestro pasado y a asumirlo en toda su complejidad para con ese bagaje construir un futuro diferente en la defensa y el respeto de todos.
Defiéndase el español como patrimonio de los 600 millones de hablantes de la lengua en el mundo no por encima de las lenguas regionales sino en paridad con éstas por representar un elemento unificador de comunicación que nos da cohesión como comunidad, tiende puentes de contacto entre todos los países que hablamos la lengua, y entre nosotros y el resto del mundo.
La ley Celaá es una ley desintegradora y va en contra de la historia: no es la hora de la batalla entre las lenguas, es la hora del diálogo y la convivencia entre las lenguas.
* Priscilla Gac-Artigas es Fulbright Scholar, miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), Catedrática de literatura latinoamericana en Monmouth University, NJ.